Yeraldine Bonilla sostiene que IMCA IAP deberá acreditar en qué se gastaron los recursos públicos; mientras tanto, los tres recintos preparan la suspensión de operaciones y la liquidación de 95 trabajadores.
Los Mochis, Sinaloa, 11 agosto 2026.- El cierre anunciado del Teatro Ingenio, el Centro de Innovación y Educación (CIE) y Trapiche Museo Interactivo ya tiene una explicación desde el Gobierno del Estado. Y, según la gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, el problema no sería únicamente que dejaron de llegar los recursos: antes habría que aclarar qué ocurrió con los que sí llegaron.
Bonilla Valverde afirmó que los tres espacios recibían alrededor de 22 millones de pesos de recursos estatales, pero que esos recursos no eran transparentados ante el Gobierno de Sinaloa.
Dicho de otra manera: antes de abrir nuevamente la llave del presupuesto, el Estado quiere ver las cuentas.
La mandataria señaló que el Teatro Ingenio, el CIE y Trapiche fueron construidos con inversión pública estatal y posteriormente quedaron bajo la administración de un particular, situación que comparó con el esquema utilizado en el Estadio Kraken de Mazatlán.
Según explicó, pese a esa cesión, el Gobierno del Estado continuó entregando dinero público para mantener en operación los recintos culturales de Los Mochis.
Una obra cedida a un particular con inversión de Gobierno del Estado es igual que estamos hablando del Kraken de Mazatlán, y aún Gobierno del Estado seguía dando recurso público, 22 millones de pesos que no transparentaba a Gobierno del Estado”, declaró Bonilla Valverde.
Así, mientras IMCA IAP sostiene que la suspensión de actividades obedece a que no fueron entregados los recursos proyectados para 2026, desde Palacio de Gobierno la versión es distinta: primero deberán comprobar cómo fueron ejercidos los recursos públicos recibidos anteriormente.
Y aquí es donde la historia toma otro giro.
Porque, de acuerdo con la secuencia conocida hasta ahora, después de que el Gobierno estatal solicitó documentación y evidencia sobre el ejercicio de esos recursos, la respuesta pública de IMCA IAP no fue anunciar una rendición de cuentas, sino comunicar el cierre de los tres recintos.
En lugar de despejar primero las dudas sobre el destino de los 22 millones de pesos señalados por la gobernadora, la institución anunció la suspensión de operaciones.
La coincidencia temporal abre inevitablemente una pregunta: ¿por qué cerrar antes de aclarar las cuentas?
Hasta ahora, IMCA IAP ha explicado que la medida responde a la falta de entrega del presupuesto proyectado para este año, pero en el comunicado difundido sobre la suspensión no respondió específicamente al señalamiento de Yeraldine Bonilla sobre la falta de transparencia de los recursos anteriormente recibidos.
La gobernadora aseguró que ya fue enviada la documentación correspondiente para solicitar evidencia del gasto y sostuvo que, en caso de no existir una justificación suficiente, esos recursos podrán ser destinados a otros programas.
Y ahí apareció el verdadero punto de choque.
Bonilla Valverde señaló que su administración pretende dirigir ese dinero hacia obras y apoyos sociales destinados a sectores vulnerables. Según la gobernadora, la decisión no responde a diferencias personales con los responsables de los centros culturales, sino a una política de revisión y reasignación del gasto público.
En términos menos ceremoniosos: los 22 millones ya no tienen boleto apartado.
Del anuncio cultural a la discusión por las cuentas
La controversia comenzó después de que Impulsora de la Cultura y de las Artes IAP (IMCA IAP) anunciara la suspensión de operaciones del Teatro Ingenio, CIE y Trapiche Museo Interactivo a partir del próximo 31 de agosto de 2026.
La institución, encabezada en su dirección ejecutiva por Rosa Irma Peñuelas Castro, informó que la decisión fue tomada por su Consejo debido a que no se concretó la entrega de los recursos económicos proyectados para este año por parte del Gobierno de Sinaloa.
Además, IMCA IAP estableció que entre el 10 y el 15 de agosto comenzaría una primera etapa para la liquidación del personal.
La plantilla está integrada por 95 trabajadores.
El anuncio provocó inquietud por el futuro de tres espacios que durante cerca de dos décadas han desarrollado actividades culturales, educativas y de divulgación del conocimiento en Los Mochis.
IMCA IAP destacó que durante ese periodo los recintos han atendido a niñas, niños, jóvenes, estudiantes, docentes, artistas, familias y visitantes, además de reconocer públicamente el trabajo de sus empleados y el respaldo de instituciones, empresas y colaboradores.
Hasta ahí, la versión institucional apuntaba directamente a la falta de recursos estatales.
Pero la declaración de Yeraldine Bonilla colocó sobre la mesa un elemento que no aparecía en el anuncio del cierre: los 22 millones de pesos y la exigencia de comprobar su ejercicio.
“Enséñame las cuentas”
Yeraldine Bonilla llevó así la discusión a un terreno distinto al estrictamente cultural: el de la rendición de cuentas.
Su planteamiento es que, si una institución privada administra infraestructura construida con dinero público y además recibe recursos públicos para operar, debe acreditar ante el Gobierno del Estado cómo utiliza esos fondos.
De acuerdo con la gobernadora, esa comprobación no habría ocurrido respecto de los 22 millones de pesos señalados.
La secuencia resulta incómoda para la administración de los recintos: el Estado pide comprobar el dinero; IMCA IAP denuncia que ya no recibe recursos y anuncia el cierre.
Por eso, el debate ya no puede reducirse únicamente a la frase “cerraron porque el Gobierno no les dio dinero”.
Ahora existe otra pregunta que deberá responderse públicamente: ¿qué pasó con los recursos que sí fueron entregados?
IMCA IAP, en el comunicado difundido para anunciar la suspensión, atribuyó la medida a la falta de entrega del recurso previsto para 2026. En la información proporcionada no se incluyó una respuesta específica al señalamiento de Bonilla Valverde sobre la falta de transparencia de los recursos previamente otorgados.
Mientras esa explicación no llegue, permanecerá abierta la percepción de que, ante la exigencia de comprobar el uso del dinero público, se optó primero por bajar la cortina.
Por eso, detrás de las puertas que podrían cerrar el 31 de agosto quedó abierta una discusión mucho mayor: no solamente quién financiará al Teatro Ingenio, CIE y Trapiche, sino quién debe administrarlos, cuánto cuesta realmente mantenerlos y cómo se comprobará cada peso público destinado a ellos.
Por ahora, IMCA IAP mantiene programada la suspensión de actividades y el proceso de liquidación de sus trabajadores.
El Gobierno del Estado, en cambio, ya dejó clara su condición antes de reconsiderar el destino de los recursos: primero, las cuentas.
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