La violencia que golpea al estado desde septiembre de 2024 acumula más de 4 mil homicidios, miles de personas privadas de la libertad y graves pérdidas económicas. Mientras la inseguridad continúa afectando a las familias y al comercio, el Gobierno del Estado impulsa acciones de seguridad, financiamiento y apoyo a pequeños negocios para recuperar la actividad productiva.
Culiacán, Sinaloa, 30 de octubre de 2026.- Sinaloa lleva más de dos años librando una batalla que parece no tener descanso.
Los enfrentamientos armados, asesinatos, desapariciones y despojos de vehículos han alterado la vida cotidiana de miles de familias, mientras la economía resiente las consecuencias de una violencia que ha obligado a numerosos comerciantes a cerrar, reducir sus operaciones o luchar diariamente por mantener abiertos sus negocios.
La crisis, que se recrudeció el 9 de septiembre de 2024 con la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, se ha prolongado mucho más de lo que inicialmente se esperaba.
Culiacán, Mazatlán y otros municipios han resentido sus efectos, aunque con distinta intensidad.
El saldo es estremecedor. De acuerdo con el seguimiento periodístico de Noroeste, elaborado con información de autoridades, colectivos de búsqueda y reportes propios, desde el inicio de esta etapa de violencia y hasta el 28 de octubre de 2026 se acumularon 4 mil 122 homicidios dolosos, 4 mil 541 personas privadas de la libertad y 12 mil 808 vehículos robados.
Detrás de esas cifras hay familias que buscan a sus seres queridos, trabajadores que han perdido su fuente de ingresos y empresarios que enfrentan una incertidumbre que se prolonga mes tras mes.
Y cuando parecía que algunos indicadores comenzaban a mostrar una disminución, octubre volvió a encender las alarmas.
Octubre devuelve las cifras rojas
La violencia registró un nuevo repunte durante octubre.
Según el monitoreo publicado por Noroeste el día 29, el estado acumulaba 190 muertes violentas entre el primero y el 28 de octubre, con un promedio de 6.8 casos diarios.
El semanario Ríodoce documentó que tan solo entre el 6 y el 11 de octubre se cometieron 57 asesinatos, una sucesión de jornadas que exhibió la persistencia de la confrontación criminal.
Mazatlán, particularmente golpeado durante las últimas semanas, se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación por la frecuencia de los hechos violentos y su impacto en las actividades comerciales y turísticas.
Las autoridades estatales han reconocido este repunte y sostienen que continúan los operativos coordinados con las fuerzas federales para contener los enfrentamientos, realizar detenciones y decomisar armamento.
Sin embargo, las estadísticas muestran una realidad compleja.
Aunque el Consejo Estatal de Seguridad Pública reportó una disminución de 24.8 por ciento en las denuncias por homicidio doloso durante los primeros nueve meses de 2026, respecto del mismo periodo del año anterior, la violencia volvió a intensificarse en octubre.
La reducción anual en determinados delitos no significa que las condiciones de seguridad se hayan normalizado.
La otra víctima de la violencia: la economía
El impacto económico de esta crisis se extiende mucho más allá de las zonas donde ocurren los enfrentamientos.
La pérdida de empleos formales, la reducción de clientes, los gastos adicionales para mantener abiertos los establecimientos y la incertidumbre empresarial han debilitado importantes actividades productivas.
Los registros del Instituto Mexicano del Seguro Social muestran que entre enero y septiembre de 2026 Sinaloa tuvo un promedio de 579 mil 796 trabajadores asegurados, es decir, 12 mil 521 menos que durante el mismo periodo de 2025, una disminución de 2.1 por ciento.
Todavía más preocupante resulta el comportamiento de los registros patronales.
Durante esos nueve meses se contabilizaron 2 mil 271 patrones menos respecto al periodo comparable del año anterior, con una caída de 5.6 por ciento, la mayor disminución porcentual registrada entre las entidades del país.
Las microempresas concentraron buena parte del retroceso, con mil 739 registros patronales menos.
En el desglose municipal, Culiacán presentó una reducción de 927 patrones; Mazatlán, 407; Ahome, 391, y Guasave, 201.
Aunque no todas estas pérdidas pueden atribuirse exclusivamente a la inseguridad, las cifras muestran el deterioro de la actividad empresarial durante el periodo de mayor confrontación criminal.
El propio secretario de Economía estatal, Diego Aguerrebere, reconoció que el mercado laboral ha retrocedido varios años y que parte de los trabajadores que abandonaron el empleo formal han tenido que buscar alternativas en la informalidad.
Para miles de familias, la preocupación dejó de limitarse a regresar con seguridad a sus hogares. Ahora también consiste en conseguir ingresos suficientes para sostenerlos.
El Gobierno busca contener la crisis y reactivar los negocios
Frente a este escenario, la administración estatal encabezada por la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava ha emprendido acciones dirigidas a fortalecer la coordinación en materia de seguridad y respaldar a los sectores productivos más afectados.
La mandataria ha mantenido reuniones con representantes empresariales, particularmente del sector restaurantero de Culiacán, para conocer sus necesidades y revisar las medidas de vigilancia en las zonas comerciales.
En el encuentro realizado el pasado 6 de octubre participaron autoridades estatales y mandos militares, mientras los empresarios presentaron propuestas para reforzar la seguridad alrededor de sus establecimientos.
Se acordó revisar nuevamente los planteamientos en un plazo de 30 días.
A estos esfuerzos se suman los operativos de seguridad coordinados entre autoridades estatales y federales, con despliegues en municipios afectados por la confrontación criminal.
El 28 de octubre, el secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, realizó una visita de supervisión a Sinaloa para revisar las operaciones y resultados de la estrategia de seguridad.
La recuperación económica constituye otro de los frentes que enfrenta el Gobierno estatal.
A través de la Secretaría de Economía y Red FOSIN, durante octubre se organizaron las ferias de financiamiento +Capital en Culiacán y Mazatlán, con la participación de más de 30 instituciones financieras y organismos de apoyo.
En la jornada realizada en Culiacán se recibieron solicitudes de crédito superiores a 300 millones de pesos, según informó el Gobierno de Sinaloa.
Se trata de financiamientos solicitados, no de recursos que ya hayan sido entregados.
La estrategia busca facilitar capital de trabajo, adquisición de maquinaria y equipamiento, así como recursos que permitan a las empresas mantener sus operaciones y conservar empleos.
Apoyos que llegan hasta los pequeños comerciantes
Además de los mecanismos de financiamiento, el Gobierno estatal mantiene programas de equipamiento destinados a comerciantes, prestadores de servicios y emprendedores de distintos municipios.
Uno de ellos es Equipa Sinaloa, que mediante sus diversas modalidades proporciona herramientas y equipo productivo para negocios familiares.
El pasado 29 de octubre, la gobernadora Graciela Domínguez Nava encabezó en Juan José Ríos la entrega de 275 equipos productivos a 86 beneficiarios, con una inversión superior a los 417 mil pesos.
El apoyo llegó a emprendedores de distintas comunidades y tianguis, entre ellos pequeños comerciantes que dependen directamente de sus ventas para sostener a sus familias.
Durante 2026, la Secretaría de Economía también ha mantenido esquemas de acompañamiento para facilitar el acceso al crédito y respaldar actividades económicas que enfrentan dificultades para mantenerse en funcionamiento.
Son acciones concretas, aunque su alcance todavía debe medirse frente a la magnitud del deterioro económico que enfrenta la entidad.
Recuperar la confianza, el desafío más difícil
La dimensión del problema también ha provocado planteamientos desde organismos profesionales y empresariales.
El Colegio de Economistas del Estado de Sinaloa propuso destinar 3 mil 900 millones de pesos del presupuesto estatal de 2027 a un programa extraordinario de emergencia y reactivación económica, que contemple apoyo al empleo, agricultura, pequeñas empresas, seguridad y proveedores locales.
La propuesta surge ante el reconocimiento de que la recuperación requiere recursos adicionales y condiciones que permitan a los negocios volver a operar con estabilidad.
Porque reabrir un establecimiento no garantiza recuperar sus clientes, de la misma manera que ofrecer financiamiento resulta insuficiente si persiste el temor de invertir, contratar trabajadores o extender los horarios comerciales.
Sinaloa enfrenta así dos necesidades que avanzan de manera inseparable: recuperar la seguridad pública y reconstruir su actividad económica.
Las acciones del Gobierno del Estado representan una respuesta institucional a esta emergencia, pero todavía están lejos de revertir por completo los daños acumulados.
La ciudadanía necesita resultados sostenidos, particularmente en la reducción de asesinatos, desapariciones y despojos, mientras comerciantes y empresarios requieren condiciones para producir, vender y generar empleos sin la incertidumbre que ha marcado estos últimos años.
Octubre está por terminar con nuevos registros de violencia y un panorama económico todavía complicado.
En noviembre, además de continuar los operativos de seguridad, las autoridades estatales deberán dar seguimiento a los compromisos asumidos con empresarios y a los programas de financiamiento, mientras se prepara el presupuesto de 2027.
Para Sinaloa, recuperar la tranquilidad y reactivar su economía siguen siendo dos tareas pendientes que no admiten soluciones aisladas.
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