La efectividad de los operativos del Alcoholímetro en Ahome para prevenir accidentes viales contrasta con una norma administrativa que está generando afectaciones económicas y logísticas a conductores, particularmente a quienes visitan el municipio.
Por Froilán Imperial Beltrán
Aunque el programa busca retirar de circulación a personas que conducen bajo los efectos del alcohol y con ello proteger vidas, una vez aplicada la infracción comienza un problema distinto: las multas únicamente pueden pagarse en horario de oficina, incluso cuando la detención ocurre durante la noche o la madrugada, que es precisamente cuando se concentra la mayor parte de estos operativos.
La consecuencia es que los conductores sancionados no tienen posibilidad de concluir el procedimiento ese mismo día, aun cuando acepten la infracción y estén dispuestos a cubrir de inmediato el monto correspondiente.
El problema quedó evidenciado tras el caso de un turista que fue detenido durante un operativo de alcoholímetro. El conductor admitió haber consumido bebidas alcohólicas, aceptó la sanción e intentó pagar la multa para continuar su viaje. Sin embargo, la inexistencia de un sistema de cobro fuera del horario administrativo lo obligó a permanecer en Los Mochis junto con su familia hasta el día siguiente para recuperar su vehículo.
Más allá de la sanción por conducir bajo los efectos del alcohol, el caso exhibe una interrogante sobre la eficiencia del procedimiento: ¿por qué un programa que opera principalmente durante las noches y fines de semana depende de un esquema de cobro que únicamente funciona en horario burocrático?
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, defendió el procedimiento al señalar que la prioridad es garantizar la seguridad de la población y evitar que una persona en estado inconveniente vuelva a conducir.
«La persona que fue localizada con un nivel de alcohol no se le puede entregar el vehículo hasta que tenga una conducta apropiada, porque pondríamos en riesgo a la ciudadanía», declaró.
El funcionario precisó además que el pago de las multas corresponde al área administrativa del Ayuntamiento, la cual únicamente brinda atención en horario de oficina, por lo que la liberación de las unidades queda condicionada a ese calendario.
La postura de la autoridad responde a una necesidad legítima de proteger la seguridad vial. Sin embargo, especialistas en administración pública suelen señalar que la eficacia de una política pública no depende únicamente de la aplicación de sanciones, sino también de la capacidad institucional para resolver los procedimientos derivados de manera ágil y eficiente.
En la práctica, la ausencia de un sistema de cobro permanente provoca que quienes provienen de otros municipios o estados deban absorber gastos adicionales por hospedaje, alimentación, transporte y reprogramación de sus actividades, costos que se suman a la propia multa.
El caso también abre la discusión sobre la necesidad de modernizar los servicios administrativos del Ayuntamiento mediante plataformas de pago electrónico, terminales bancarias disponibles las 24 horas o cajas de cobro con personal de guardia, mecanismos que ya operan en distintas ciudades del país para este tipo de infracciones.
Mientras los operativos del Alcoholímetro continúan reforzándose como una estrategia de prevención de accidentes, persiste una asignatura pendiente: que el procedimiento administrativo funcione con la misma disponibilidad que los dispositivos de vigilancia. De lo contrario, la medida preventiva corre el riesgo de trasladar parte de la carga de la sanción a una deficiencia institucional que podría corregirse mediante una actualización de sus procesos, sin menoscabar el objetivo principal de proteger la vida y la seguridad de la ciudadanía.
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