Antonio Menéndez debe llamar a cuentas a su gabinete ante inconformidades y cuestionamientos en áreas municipales; la Dirección de Asuntos Jurídicos, encabezada por Vladimir Herrera Blancas, concentra los señalamientos más visibles
Los Mochis, Sinaloa, 16 septiembre 2026.- El Ayuntamiento de Ahome atraviesa un momento en el que el presidente municipal Antonio Menéndez de Llano Bermúdez necesita revisar, con resultados sobre la mesa, el desempeño de cada uno de los funcionarios que integran su administración.
No se trata necesariamente de emprender una cacería de funcionarios ni de realizar cambios únicamente para responder a presiones políticas. Se trata de saber quién está cumpliendo, quién está resolviendo y quién, por el contrario, se ha convertido en una carga para una administración que necesita ofrecer certezas a los ciudadanos.
El alcalde tiene frente a sí la responsabilidad de poner orden.
Y hacerlo implica, llegado el momento, dar un manotazo sobre la mesa. Llamar a cuentas.
Las inconformidades relacionadas con el funcionamiento de distintas áreas municipales no deberían convertirse en parte de la normalidad del Ayuntamiento.
Cuando una dependencia acumula quejas, retrasos, confrontaciones o cuestionamientos sobre sus resultados, la obligación de la autoridad es revisar qué está ocurriendo, pedir cuentas y tomar decisiones.
Uno de los casos más evidentes se encuentra en la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Su titular, Vladimir Herrera Blancas, continúa formalmente al frente de esa dependencia, de acuerdo con el directorio oficial del Ayuntamiento de Ahome.
Pero su permanencia se ha desarrollado en medio de cuestionamientos que ya dejaron de ser únicamente comentarios fuera de Palacio Municipal.
El pasado 27 de agosto, 11 regidores solicitaron retirarle el poder general para pleitos y cobranzas que le había sido otorgado al director jurídico.
El regidor Feliciano García Mendoza señaló entonces que existía pérdida de confianza hacia el funcionario y cuestionamientos sobre la aplicación e interpretación de disposiciones legales y reglamentarias. Otros reportes periodísticos consignaron que los ediles pidieron públicamente su destitución.
A esto se suma que el titular del Órgano Interno de Control, Pavel Castro Félix, confirmó el 1 de septiembre que existe una investigación relacionada con denuncias contra el director jurídico y que el procedimiento permanecía abierto.
Una investigación administrativa, por supuesto, no significa por sí misma que exista responsabilidad acreditada, pero sí constituye un elemento que la Presidencia Municipal no puede ignorar.
Antonio Menéndez decidió mantener a Herrera Blancas en el puesto. El 1 de septiembre, el alcalde confirmó públicamente su continuidad y explicó que había dialogado con algunos regidores sobre el tema.
El propio director jurídico respondió posteriormente que respeta la posición de los regidores y sostuvo que continuará desempeñando sus responsabilidades con apego a la ley. Esa es su postura y debe quedar asentada.
Pero el problema político para el alcalde permanece.
Cuando 11 integrantes del Cabildo manifiestan pérdida de confianza hacia quien tiene bajo su responsabilidad la defensa jurídica del Ayuntamiento, el asunto rebasa una diferencia personal.
Cuando, además, existe una investigación del Órgano Interno de Control, corresponde determinar con claridad si el funcionario cuenta todavía con las condiciones necesarias para desempeñar una responsabilidad de esa naturaleza.
El presidente municipal tiene la última palabra.
Y esa misma evaluación debería alcanzar a todo su gabinete.
Menéndez de Llano necesita llamar a cuentas, área por área, a quienes aceptaron una responsabilidad dentro del Gobierno Municipal. Pedir resultados concretos.
Revisar expedientes pendientes. Conocer cuánto tardan en responder a los ciudadanos. Determinar dónde existen rezagos.
Escuchar a regidores y usuarios de los servicios públicos y, especialmente, verificar si quienes cobran como funcionarios están resolviendo los asuntos que les corresponde atender.
No basta con ocupar una oficina.
Un funcionario municipal debe dar resultados y responder por ellos.
El alcalde tampoco tendría por qué asumir personalmente el costo político de funcionarios que no respondan a las exigencias de sus cargos. Si una dirección funciona, debe respaldarse con resultados.
Si existen errores, deben corregirse. Y si una dependencia permanece atrapada entre inconformidades, retrasos y pérdida de confianza, corresponde evaluar seriamente a quien la dirige.
En el caso de Asuntos Jurídicos, los antecedentes recientes justifican cuando menos una revisión profunda. No a partir de rumores, sino de expedientes, resultados, asuntos ganados o perdidos, tiempos de respuesta, procedimientos pendientes y el estado que guarda la investigación abierta ante el Órgano Interno de Control.
Ese mismo rasero debe aplicarse a todos.
Antonio Menéndez tiene la oportunidad de dejar claro que ningún nombramiento representa un cheque en blanco y que permanecer dentro de su administración dependerá del trabajo que cada funcionario pueda acreditar.
El Ayuntamiento necesita certidumbre.
Y para conseguirla, el alcalde tendrá que determinar quiénes forman parte de la solución y quiénes están generando problemas que terminan llegando hasta su escritorio.
El siguiente paso no requiere discursos: requiere evaluación, resultados y decisiones.
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