La empresa tabasqueña ha sido vinculada por investigaciones periodísticas con el entorno empresarial de Jorge Amílcar Olán, amigo de Andrés Manuel López Beltrán. La autoridad fiscal sostiene que 139 operaciones de importación de combustibles habrían utilizado información falsa para omitir impuestos.
Ciudad de México, 30 agosto 2026.- La Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), solicitó a la Fiscalía General de la República ejercer acción penal por presuntos delitos fiscales relacionados con Portacelis Gas and Oil, empresa señalada por operaciones vinculadas con un esquema de contrabando de combustibles conocido como huachicol fiscal.
De acuerdo con información publicada por Reforma, el SAT entregó a la FGR una declaratoria de perjuicio por un posible daño a la Hacienda pública superior a 834 millones de pesos.
La empresa tiene sede en Tabasco y ha sido relacionada en investigaciones de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) con el entramado empresarial de Jorge Amílcar Olán Aparicio, empresario señalado como amigo cercano de Andrés Manuel López Beltrán, conocido como “Andy”.
La existencia de esa relación empresarial no significa, por sí misma, que López Beltrán sea responsable de las operaciones investigadas. Los señalamientos fiscales descritos se concentran en Portacelis Gas and Oil, sus operadores y agentes aduanales presuntamente involucrados.
139 pedimentos bajo investigación
Según la declaratoria enviada a la Fiscalía, entre el 11 de febrero y el 27 de junio de 2025, Portacelis Gas and Oil habría tramitado 139 pedimentos de importación de combustibles ingresados a México mediante ferrotanques.
La autoridad fiscal sostiene que en esas operaciones se utilizó información falsa para declarar las mercancías y evitar el pago correspondiente de derechos e impuestos.
El presunto perjuicio fue calculado en más de 834 millones de pesos.
La documentación fue presentada ante la FGR el 25 de marzo por Francisco Javier Arias Chávez, administrador de Asuntos Penales del SAT, según el reporte periodístico.
Hacienda solicitó ejercer acción penal contra cinco personas, entre ellas empleados de la compañía y agentes aduanales que presuntamente participaron en las operaciones.
El llamado huachicol fiscal consiste en ingresar combustibles al país utilizando declaraciones incorrectas o documentación que permite reportarlos bajo conceptos distintos para reducir o evitar el pago de contribuciones.
El operador que conecta varias empresas
Uno de los nombres que aparece en la historia corporativa de Portacelis es Juan Carlos de la Cruz Murillo, quien fue designado administrador único cuando la sociedad fue constituida.
Documentos mercantiles citados por MCCI lo ubican también en otras compañías relacionadas con Olán.
De la Cruz aparece como comisario de Romedic, empresa vinculada con contratos de medicamentos durante la operación del extinto Instituto de Salud para el Bienestar; como accionista de Poyago, compañía que modificó posteriormente su objeto social para comercializar medicamentos; y dentro de la estructura de Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, sociedad en la que, según la investigación, Olán posee la mayoría de las acciones.
MCCI ha señalado a De la Cruz como un operador cercano de Olán. Se trata de una caracterización derivada de esa investigación periodística y no, por sí sola, de una resolución judicial.
Una empresa constituida en 2024
Portacelis Gas and Oil fue constituida el 6 de agosto de 2024 en Villahermosa, Tabasco, ante el notario Manuel Alejandro Cachón.
En su acta inicial, Juan Carlos de la Cruz Murillo quedó como administrador único.
El 23 de diciembre de ese mismo año presentó su renuncia y fue sustituido por José Alonso Ulin Hernández, quien posteriormente aparece entre las personas señaladas dentro de la investigación fiscal.
MCCI cuestionó el cambio de estructura corporativa y sostuvo que permitió reducir la visibilidad de los vínculos originales de la compañía.
El periodista Raúl Olmos ha señalado que la sociedad terminó integrada con accionistas sin una trayectoria empresarial pública relevante y domicilios modestos, características que, de acuerdo con la investigación, dificultaban identificar a quienes estaban detrás de sus operaciones.
El vínculo con Jorge Amílcar Olán
Jorge Amílcar Olán Aparicio aparece en registros empresariales desde años atrás en Tabasco, inicialmente relacionado con la comercialización de materiales para construcción.
Posteriormente amplió sus negocios hacia salud, energía, infraestructura, materiales pétreos y combustibles.
Su nombre adquirió exposición nacional por su amistad con Andrés Manuel López Beltrán y por investigaciones sobre contratos públicos obtenidos por compañías con las que ha sido relacionado.
Dentro de ese conjunto aparecen firmas como Energy Offshore OC, Romedic, Diagnóstico Biomolecular, Poyago, Triturados Basálticos del Sur, Euroceramic, Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis y Portacelis Gas and Oil.
También ha sido mencionado en grabaciones difundidas públicamente sobre negocios relacionados con materiales utilizados en proyectos ferroviarios. La autenticidad, contexto completo y alcance jurídico de esas conversaciones corresponde determinarlo a las autoridades competentes.
Agente aduanal aparece en tres investigaciones
Otro personaje señalado en el caso es Víctor José Carretero Zardeneta, agente aduanal identificado por Reforma como participante en la tramitación de los pedimentos de Portacelis Gas and Oil.
Según el reporte, Carretero salió hacia Estados Unidos en enero, cuando autoridades mexicanas buscaban detenerlo en la zona fronteriza de Matamoros y Brownsville.
El agente cuenta con doble nacionalidad y aparece en otras investigaciones relacionadas con presunto contrabando de combustibles.
En su contra existirían órdenes de aprehensión por expedientes distintos vinculados con operaciones de hidrocarburos y autoridades aduanales de Matamoros.
El caso de Portacelis agregaría una tercera investigación relacionada con sus actividades.
La FGR deberá ahora determinar el curso jurídico de la declaratoria presentada por el SAT, establecer responsabilidades individuales y, en su caso, presentar las imputaciones correspondientes ante un juez. Hasta que exista una resolución judicial, los señalamientos contra personas y empresas involucradas mantienen carácter de presuntos.
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