La quinta Mesa de Diálogo pasó de los cuestionamientos jurídicos y ambientales a propuestas concretas: vigilancia las 24 horas, un comité ciudadano y académico, saneamiento integral y una nueva evaluación para futuros proyectos industriales.
Por Froilán Imperial Beltrán
Topolobampo, Sinaloa; 22 de julio de 2026.– Fueron más de siete horas de exposiciones técnicas, cuestionamientos jurídicos, preocupaciones comunitarias y respuestas gubernamentales. Una prolongada jornada en la que el futuro ambiental de la Bahía de Ohuira volvió a colocarse en el centro del debate.
La quinta Mesa de Diálogo sobre el proyecto de la planta de amoniaco en Topolobampo no se limitó a confrontar posiciones a favor o en contra. Durante la reunión, autoridades, especialistas, representantes de la empresa, comunidades y organizaciones sociales revisaron las obligaciones ambientales, los riesgos industriales y la responsabilidad del Estado de vigilar permanentemente el cumplimiento de las autorizaciones.
Sobre la mesa estuvieron la protección del sitio Ramsar, el territorio Mayo-Yoreme, la seguridad de las comunidades, las rutas de evacuación y los efectos que podría generar un desarrollo industrial acumulativo en el sistema lagunar.
Del seguimiento técnico a las inquietudes sociales
A lo largo de la jornada, el supervisor ambiental acreditado presentó los resultados del seguimiento independiente al proceso constructivo y explicó las actividades realizadas para verificar las condiciones establecidas en las autorizaciones.
La empresa expuso posteriormente el avance del proyecto y los principales elementos de su Estudio de Riesgo Ambiental. Detalló las características del amoniaco consideradas en el diseño de las medidas de seguridad, los sistemas de protección industrial y los diferentes niveles de prevención previstos.
También informó sobre sus programas de capacitación, simulacros, coordinación con Protección Civil y los esquemas de ayuda mutua contemplados entre las industrias que operarían en la zona.
Las explicaciones técnicas dieron paso a los cuestionamientos de representantes de comunidades y organizaciones sociales.
Durante su intervención abordaron el origen de los predios, los recursos legales promovidos, la consulta indígena y la protección del patrimonio biocultural Mayo-Yoreme. Expresaron además su preocupación por la comunicación de posibles incidentes, la capacidad de respuesta ante emergencias, las rutas de evacuación y el alcance de los estudios de riesgo.
El debate se extendió durante horas. Cada planteamiento abrió nuevas preguntas sobre la forma en que deberán vigilarse las obligaciones ambientales y cómo garantizar que la información llegue de manera clara y verificable a la población.
Semarnat pone tres propuestas sobre la mesa
Frente a los cuestionamientos, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales planteó una ruta de trabajo sustentada en tres acciones principales.
La primera consiste en realizar un nuevo estudio actualizado de línea base ambiental para todo el sistema lagunar. Sus términos de referencia serían construidos por las instituciones del sector ambiental, con la participación de organismos académicos como el Instituto Politécnico Nacional, comunidades pesqueras y representantes del pueblo Mayo-Yoreme.
La segunda propuesta busca transparentar el seguimiento de las obligaciones ambientales de la empresa. La sociedad deberá conocer qué medidas tiene que cumplir, quién es responsable de ejecutarlas, cuándo se aplican y cuáles son sus resultados.
El tercer planteamiento es la creación de un comité permanente de vigilancia integrado por autoridades, comunidades e instituciones académicas. Su tarea sería verificar el cumplimiento de las medidas ambientales y evaluar continuamente si producen los resultados para los que fueron establecidas.
Vigilancia las 24 horas para la Bahía de Ohuira
La Comisión Nacional del Agua llevó el planteamiento un paso más adelante al proponer un plan integral de saneamiento para toda la Bahía de Ohuira.
El proyecto contempla elaborar un diagnóstico conjuntamente con la población, verificar las descargas relacionadas con la actividad industrial y ejecutar acciones específicas de saneamiento.
Conagua propuso combinar el monitoreo manual con un sistema automático que opere las 24 horas del día y genere resultados cada diez minutos.
La información permitiría observar prácticamente en tiempo real el comportamiento de la calidad del agua, producir gráficas de tendencias y activar alertas tempranas ante posibles alteraciones.
Este mecanismo, explicó la dependencia, ya se utiliza para vigilar algunos ríos del país con la participación de las propias comunidades.
Futuros proyectos serán evaluados en conjunto
Uno de los pronunciamientos más relevantes de la prolongada reunión llegó cuando Semarnat advirtió que cualquier nuevo proyecto industrial para esta región deberá evaluarse considerando sus efectos acumulativos sobre el ecosistema.
La autoridad ambiental señaló que las futuras plantas no podrán analizarse de manera aislada o fragmentada.
Si el mismo grupo empresarial presenta solicitudes para desarrollar otras instalaciones pertenecientes al conglomerado industrial, estas deberán estudiarse conjuntamente mediante una nueva Manifestación de Impacto Ambiental.
Semarnat propuso, además, elaborar un plan de restauración ambiental de largo plazo para la Bahía y la Laguna de Ohuira, con objetivos e indicadores verificables y la incorporación tanto del conocimiento científico como de los saberes tradicionales.
Aclaran alcances de la resolución judicial
La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental también explicó el procedimiento seguido para evaluar la planta de amoniaco y los alcances de la resolución judicial relacionada con la consulta indígena.
La dependencia precisó que el fallo ordenó reponer el procedimiento de consulta, pero no instruyó realizar una nueva evaluación de impacto ambiental para el proyecto actualmente autorizado.
La explicación jurídica no cerró las diferencias, pero permitió delimitar los alcances de la sentencia y concentrar una parte de la discusión en el seguimiento de las condicionantes ambientales.
Una mesa que no cerró el debate
Después de más de siete horas, la quinta Mesa de Diálogo dejó una conclusión central: las autorizaciones ambientales no representan el final de la responsabilidad pública.
Por el contrario, obligan a vigilar permanentemente que las medidas de prevención, mitigación, compensación, restauración y monitoreo se cumplan y produzcan resultados verificables.
La extensa jornada también evidenció que el riesgo industrial no debe ocultarse, minimizarse ni permanecer únicamente en manos de especialistas. Debe explicarse públicamente, medirse con información verificable y acompañarse de mecanismos de respuesta conocidos por las comunidades.
La reunión no puso punto final a las diferencias alrededor de la planta de amoniaco. Sin embargo, trazó una posible ruta para procesarlas: vigilancia permanente, transparencia, participación comunitaria, evidencia científica y cumplimiento de la ley.
El futuro de la Bahía de Ohuira continuará sujeto al debate. Después de esta quinta mesa, también deberá quedar sometido a un escrutinio ambiental constante.
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