Las disputas por el poder alcanzan al grupo político de Rubén Rocha Moya, la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava y el secretario de Finanzas, Wilfredo Véliz Figueroa, quedan en el centro de los señalamientos sobre una presunta operación interna que podría perjudicar el proyecto de Imelda Castro rumbo a 2027.
Culiacán, Sinaloa, 20 octubre 2026.- En Morena, la confrontación por el poder en Sinaloa parece haber dejado atrás las diferencias de discurso para trasladarse a un terreno mucho más delicado: el control de la estructura gubernamental, los recursos públicos y las lealtades políticas que comenzarán a definirse de cara a la sucesión de 2027.
La disputa tiene como escenario principal el tercer piso de Palacio de Gobierno, donde la administración de Graciela Domínguez Nava enfrenta crecientes señalamientos sobre presuntas maniobras internas encaminadas a debilitar el proyecto que encabeza la exsenadora Imelda Castro Castro.
En medio de esta confrontación aparecen tres nombres: el exgobernador Rubén Rocha Moya, cuya estructura política conserva presencia en la administración estatal; la propia Graciela Domínguez y el recientemente designado secretario de Administración y Finanzas, Wilfredo Véliz Figueroa, conocido políticamente como Will Véliz.
Las versiones que circulan sobre una posible operación contra Imelda Castro adquirieron mayor relevancia después de que el diputado federal priista Mario Zamora Gastélum asegurara públicamente que funcionarios de Morena, incluidos servidores del gobierno estatal, alcaldes y legisladores, le han expresado su respaldo político en privado.
Hay muchos funcionarios de Morena que nos están ayudando a nosotros”, reveló Mario Zamora Gastélum.
La declaración, realizada el pasado 5 de octubre, abrió un nuevo frente de discusión. Según Zamora, algunos de esos funcionarios incluso le han ofrecido organizar encuentros con otros integrantes del partido gobernante que simpatizan con su proyecto rumbo a la gubernatura.
El legislador no reveló sus identidades, pero sus palabras colocaron sobre la mesa una posibilidad políticamente incómoda para Morena: que parte de sus propios cuadros esté colaborando con quienes pretenden desplazarlo del poder.
Will Véliz, el señalado enemigo en casa
Uno de los principales focos de esta controversia apunta directamente a la Secretaría de Administración y Finanzas.
El nombramiento de Wilfredo Véliz Figueroa, realizado por Graciela Domínguez el 30 de septiembre, colocó en una de las áreas más sensibles del gobierno a un político con antecedentes de participación en distintos espacios partidistas, incluido el panismo, y que posteriormente se incorporó al proyecto de Morena.
Su llegada a Finanzas despertó cuestionamientos en sectores políticos que ahora lo identifican como un posible “Judas” dentro del gobierno morenista.
Bajo sospecha de sabotaje interno
El señalamiento va más allá de su origen político. Versiones difundidas alrededor del nuevo gabinete atribuyen a la conducción financiera una presunta estrategia para restringir pagos a proveedores, alterar el flujo de recursos y generar inconformidad entre quienes dependen de las obligaciones económicas del estado.
Bajo esa hipótesis, el objetivo político sería trasladar el malestar de proveedores y sectores productivos hacia Morena, provocando un desgaste que terminaría afectando a Imelda Castro en el proceso electoral.
Tales decisiones claramente responden a una operación Rochista. Sin embargo, la controversia coloca la actuación de Finanzas bajo especial atención, precisamente por la responsabilidad que tiene sobre el manejo de los compromisos económicos del gobierno.
El 18 de octubre, Véliz declaró que había encontrado finanzas estatales sanas y que realizaba una revisión integral de los programas y recursos federales y estatales. Sus siguientes decisiones administrativas permitirán conocer el rumbo que imprimirá a la dependencia.
La sombra política de Rocha Moya
La separación de Rubén Rocha Moya de la gubernatura no significó la desaparición del grupo político que lo acompañó durante su administración.
Buena parte de las relaciones construidas desde el Ejecutivo permanecen en distintos espacios institucionales y partidistas.
Entre los personajes identificados con ese proyecto figura Feliciano Castro Meléndrez, muy cercano a la gobernadora interina Graciela Dominguez, y quien ocupó posiciones centrales en el gobierno anterior Rochista.
Esa estructura es precisamente uno de los puntos de tensión en la reorganización del poder estatal. La llegada de Graciela Domínguez a la gubernatura interina representó un relevo institucional, pero también dejó abierta la disputa sobre quién conduce realmente las decisiones políticas del gobierno y hasta dónde permanece la influencia del grupo rochista.
Cronica de una traición anunciada
En los círculos políticos se habla de resistencias, acuerdos reservados y diferencias sobre la distribución de candidaturas municipales y legislativas.
Son versiones que cobran especial significado porque Imelda Castro obtuvo la coordinación estatal de Morena después de imponerse en el proceso interno, en el que también participó Graciela Domínguez.
El resultado definió una conducción política, pero no terminó automáticamente con las rivalidades entre quienes aspiraban a encabezar el proyecto.
Ahora ambas figuras ocupan posiciones distintas: Imelda conduce la organización partidista rumbo a 2027 y Graciela tiene bajo su responsabilidad la administración estatal.
En esa separación de funciones se encuentra uno de los principales puntos de fricción.
La disputa por las candidaturas
Imelda Castro ha defendido públicamente que las candidaturas municipales y legislativas deben definirse mediante encuestas, sin compromisos previos ni repartos entre grupos políticos.
Su postura contrasta con las versiones sobre presiones internas para conservar posiciones de poder mediante negociaciones entre funcionarios, dirigentes y liderazgos regionales.
La disputa resulta especialmente sensible en los municipios, donde las estructuras territoriales representan una parte fundamental de la organización electoral.
Desde esa perspectiva, el conflicto no se limita a la gubernatura. También involucra el control político de ayuntamientos, diputaciones y espacios administrativos que estarán en juego durante el próximo proceso.
La posición de Imelda Castro plantea una conducción basada en los resultados de los mecanismos internos de Morena.
Frente a ella persisten los intereses de grupos que han acumulado presencia política y administrativa durante los últimos años.
La gobernadora Graciela Domínguez, por su parte, ha sostenido públicamente que las convocatorias partidistas deben mantenerse abiertas y que sus funcionarios tienen derecho a participar conforme a las reglas establecidas.
La oposición observa y recibe señales
Mientras estas diferencias permanecen abiertas, Mario Zamora intensifica sus acercamientos con fuerzas opositoras en busca de construir un frente político para 2027.
El priista ha reconocido conversaciones con dirigentes y representantes de otros partidos, pero su declaración sobre el presunto respaldo de funcionarios morenistas introdujo otro elemento en la disputa.
No habló únicamente de ciudadanos inconformes ni de antiguos militantes de Morena.
Se refirió a personas que, según su versión, todavía forman parte de estructuras gubernamentales emanadas de ese partido.
De confirmarse esos respaldos, la confrontación dejaría de estar circunscrita a las diferencias entre corrientes políticas para alcanzar directamente las relaciones entre funcionarios en activo y proyectos electorales opositores.
Por ahora, las declaraciones de Zamora no permiten identificar a esos servidores públicos ni establecer vínculos concretos con la gobernadora, el exmandatario Rocha Moya o el secretario de Finanzas.
Pero el señalamiento ya forma parte del ambiente político que rodea a la sucesión gubernamental.
Una fractura frente a la sucesión de 2027
La conducción nacional de Morena, encabezada políticamente por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo desde el Gobierno de México, tiene frente a sí un escenario estatal en el que convergen una nueva administración, estructuras heredadas y una dirigencia local encabezada por quien ganó la coordinación interna.
El relevo de Rocha Moya por Graciela Domínguez abrió una nueva etapa gubernamental.
Sin embargo, la reorganización del gabinete y las diferencias por las candidaturas mantienen abiertas las interrogantes sobre la relación entre el Ejecutivo y el proyecto político de Imelda Castro.
En este escenario, los señalamientos contra Will Véliz, las versiones sobre maniobras financieras, la permanencia del grupo rochista y las declaraciones de Mario Zamora forman parte de una controversia que ha comenzado a trascender los círculos partidistas.
La discusión de fondo está en las decisiones que se adopten desde Palacio de Gobierno: el manejo de los recursos públicos, la relación con los sectores productivos y el respeto a los procedimientos internos para definir candidaturas.
Con el proceso electoral de 2027 cada vez más cerca, la siguiente etapa de Morena en Sinaloa estará marcada por las definiciones municipales y legislativas.
Será entonces cuando las lealtades políticas que hoy se disputan en privado comiencen a expresarse en registros, candidaturas, acuerdos y decisiones públicas.
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