Un juez consideró que existen datos de prueba suficientes para continuar el proceso por presunto desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público; la defensa sostiene que no hubo daño patrimonial
Culiacán, Sinaloa, 08 septiembre 2026.- Un juez de control vinculó a proceso al expresidente municipal de Ahome, Gerardo Vargas Landeros, y a exintegrantes del Comité de Adquisiciones, por su presunta participación en la contratación de la empresa Extratimex para la recuperación de cartera vencida del Impuesto Predial.
La resolución fue emitida durante la continuación de la audiencia inicial, luego de que el juzgador consideró que existen datos de prueba suficientes para que la Fiscalía General del Estado continúe la investigación por los delitos de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público.
De acuerdo con lo expuesto en audiencia, el contrato contemplaba la gestión de cobro sobre 63 mil 145 claves catastrales, correspondientes a una cartera vencida por 2 mil 677 millones 876 mil 429 pesos.
Extratimex tendría derecho, conforme al acuerdo, a recibir el 35 por ciento de lo recuperado, porcentaje que representaba hasta 937 millones 256 mil 750 pesos.
Defensa sostiene que no hubo daño patrimonial
Durante el debate, los abogados de los imputados solicitaron al juez que dictara la no vinculación a proceso.
La defensa argumentó que Extratimex no recibió los 937 millones de pesos previstos como posible contraprestación, sino únicamente 1 millón 522 mil 399 pesos, pagados en tres exhibiciones.
Con base en esa cantidad, sostuvo que no existió daño patrimonial al Ayuntamiento de Ahome y que el procedimiento de contratación podía realizarse mediante adjudicación directa.
Los abogados señalaron que, conforme a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Administración de Bienes Muebles del Estado de Sinaloa, el límite para una adjudicación directa era de 3 millones 710 mil pesos, cifra superior al monto que efectivamente recibió la empresa.
La Fiscalía sostuvo una interpretación distinta. El Ministerio Público argumentó que debía considerarse el valor y alcance total del contrato durante sus tres años de vigencia, cuya proyección económica superaba ampliamente el límite para realizar una adjudicación directa.
Después de escuchar a ambas partes, el juez determinó que existen elementos suficientes para que la causa penal continúe.
Seis meses para investigación complementaria
A solicitud de la defensa, el juez concedió un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación complementaria.
Como parte de las medidas cautelares, se determinó que los imputados deberán presentarse mensualmente ante la Unidad de Medidas Cautelares, UMECA.
También se ordenó la separación del cargo de la regidora Judith Luna Castro y de la síndica Cecilia Hernández, de acuerdo con lo resuelto durante la audiencia.
Fiscalía señala presunta simulación de actos de cobranza
En la primera parte de la audiencia inicial, celebrada el 3 de septiembre, agentes del Ministerio Público expusieron que el contrato con Extratimex fue formalizado el 1 de febrero de 2022 y concluyó el 31 de octubre de 2024.
El objeto del acuerdo era gestionar la recuperación de la cartera vencida municipal correspondiente a 63 mil 145 claves catastrales.
La Fiscalía expuso además que, pese a que el contrato contemplaba una posible contraprestación de hasta 937 millones 256 mil 750 pesos, los registros financieros establecen que Extratimex recibió 1 millón 522 mil 399 pesos.
Como parte de su acusación, el Ministerio Público también señaló una presunta simulación de actos de cobranza. Según lo expuesto ante el juez, durante la investigación fueron detectados domicilios presuntamente abandonados y cartas de invitación al pago que aparecían firmadas por contribuyentes que ya habían fallecido.
Estos señalamientos forman parte de la investigación de la Fiscalía y deberán ser acreditados durante las siguientes etapas del proceso. La vinculación a proceso no constituye una sentencia de culpabilidad.
Con el plazo fijado por el juez, la Fiscalía y las defensas dispondrán ahora de seis meses para incorporar nuevos datos de prueba antes de que el procedimiento avance a su siguiente etapa.
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