La llegada de Claudia Sheinbaum a Sinaloa abrió una nueva oportunidad para un movimiento que lleva cinco meses entre protestas, escritos y acciones legales. Jubilados de empresas públicas entregaron una petición para modificar el artículo 127 constitucional y preservar las condiciones con las que se retiraron.
Culiacán, Sinaloa, 20 septiembre 2026.- Mientras el dispositivo de seguridad se preparaba este domingo para recibir a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la Novena Zona Aérea Militar de Culiacán, un grupo esperaba por una razón distinta.
No llevaba una petición nueva: cargaba una inconformidad que desde abril ha recorrido juzgados, congresos, oficinas gubernamentales y calles de diferentes ciudades del país.
Eran integrantes de la Alianza Nacional de Jubilados, entre ellos extrabajadores de la Comisión Federal de Electricidad.
Su objetivo era aprovechar la llegada presidencial para colocar directamente en manos de Sheinbaum una solicitud relacionada con la reforma al artículo 127 de la Constitución.
La oportunidad llegó. Los jubilados se acercaron a la mandataria durante su arribo a Culiacán y entregaron por escrito una solicitud de audiencia para plantear la modificación de una reforma que, sostienen, alteró las condiciones económicas bajo las cuales se jubilaron.
La escena fue breve. Detrás quedaban meses de movilizaciones.
“Tenemos la alianza en todo el país, hemos hecho todo tipo de manifestaciones, de presentaciones o de entrega de documentos”, explicó Luis Humberto Soto Cota, integrante del movimiento en Sinaloa.
Su demanda se dirige particularmente contra los efectos que atribuyen al segundo transitorio de la reforma.
Los inconformes sostienen que aplicar nuevos límites a jubilaciones concedidas antes de la modificación vulnera derechos adquiridos, certeza jurídica y el principio de no retroactividad.
“Detrás de cada ciudadano, de un jubilado, está una familia que depende del patrimonio que hemos adquirido durante años de trabajo.
Por eso vamos a seguir luchando hasta lograr que se reforme el artículo 127 constitucional”, expresó Soto Cota durante la movilización.
Una reforma que entró en vigor en abril
La disputa tiene fecha precisa.
El 10 de abril de 2026 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el decreto que reformó y adicionó el artículo 127 constitucional en materia de límites a jubilaciones y pensiones de entidades públicas. Entró en vigor al día siguiente.
La reforma había sido enviada por la presidenta Sheinbaum al Senado el 3 de marzo. El 11 de ese mes fue aprobada por la Cámara Alta con 116 votos a favor en lo general; posteriormente continuó el proceso en Diputados y congresos estatales. Sinaloa estuvo entre las legislaturas que votaron favorablemente la minuta.
El argumento oficial fue poner límite a las llamadas “pensiones doradas”. La modificación establece que las jubilaciones o pensiones de determinado personal de confianza de organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, banca de desarrollo y otras entidades federales no deben exceder la mitad de la remuneración de la persona titular del Ejecutivo Federal.
Ese punto marca también la confrontación de versiones.
Desde el Senado se sostuvo durante la discusión que las pensiones ordinarias de los trabajadores no estaban en riesgo y que la medida buscaba terminar con prestaciones consideradas excesivas de antiguos altos funcionarios.
Los jubilados movilizados rechazan que sus percepciones puedan ser catalogadas de manera general como privilegios y argumentan que fueron obtenidas después de décadas de trabajo y bajo condiciones laborales reconocidas antes de la reforma.
De los tribunales a las calles
La inconformidad comenzó prácticamente en cuanto entró en vigor la modificación.
En abril, jubilados de CFE en Jalisco promovieron amparos contra los efectos del nuevo límite.
Paralelamente se integró la Alianza Nacional de Jubilados, con participación de extrabajadores de CFE, Petróleos Mexicanos, Luz y Fuerza del Centro, Banobras y otras instituciones públicas.
Los primeros amparos que pretendían combatir directamente la reforma constitucional fueron desechados por jueces federales al considerar improcedente utilizar ese medio contra una modificación a la Constitución.
A partir de ahí, representantes del movimiento anunciaron que modificarían su estrategia jurídica para impugnar de manera individual los efectos de la reforma, particularmente las reducciones que consideran violatorias de derechos previamente adquiridos.
Las protestas no se detuvieron.
En julio la Alianza acudió nuevamente ante diputados federales para pedir que se corrigieran los efectos de la reforma.
En agosto hubo movilizaciones simultáneas en distintas entidades; en Sinaloa se registraron protestas en Culiacán, Mazatlán, Los Mochis y Guasave.
La organización ha sostenido además reuniones y acercamientos con legisladores y autoridades federales.
En julio, jubilados que abordaron a Sheinbaum durante una visita a Gómez Palacio, Durango, ya habían solicitado retirar lo que consideran la aplicación retroactiva del artículo 127.
Más de 250 mil respaldos, asegura la organización
En Culiacán, los representantes dijeron que la movilización nacional ha ido acompañada de una campaña para recabar respaldo ciudadano.
De acuerdo con información proporcionada por la propia organización este domingo, han reunido más de 250 mil firmas y expresiones de apoyo en distintas partes del país.
La cifra corresponde al balance presentado por los jubilados y no a un conteo independiente de una autoridad electoral o gubernamental.
En meses anteriores integrantes del movimiento han manejado distintas estimaciones sobre el número de personas afectadas.
En julio, representantes de la Alianza hablaron de más de 90 mil jubilados de diferentes entidades públicas, mientras otros grupos han presentado cifras específicas para CFE o para determinadas regiones.
Por esa razón, el número total de afectados sigue dependiendo del universo que cada organización toma como referencia.
La petición llega directamente a Presidencia
La visita de Sheinbaum a Sinaloa formó parte de su gira para presentar los resultados de su Segundo Informe de Gobierno. Después de aterrizar en Culiacán, la agenda presidencial contemplaba un acto en las instalaciones de la Feria Ganadera, en medio de un amplio operativo de seguridad.
Para los jubilados, sin embargo, la escala presidencial tuvo otro significado práctico: después de meses enviando escritos y llevando su protesta ante distintas instituciones, pudieron entregar directamente una nueva petición a la titular del Ejecutivo.
No significa que la reforma haya sido modificada ni que exista hasta ahora un compromiso público para hacerlo. La entrega del documento abre únicamente una nueva gestión dentro de una disputa que permanece tanto en el terreno político como jurídico.
“Vamos a seguir luchando hasta lograr que se reforme el artículo 127 constitucional”, insistió Luis Humberto Soto.
Los jubilados adelantaron que mantendrán las movilizaciones, las solicitudes de audiencia y las acciones jurídicas. El siguiente paso que buscan es que Presidencia abra una mesa donde pueda discutirse específicamente la situación de quienes ya estaban jubilados antes de que la reforma entrara en vigor el 11 de abril de 2026.
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