José Luis “N” fue detenido mediante una orden de aprehensión y compareció ante un juez por las amenazas denunciadas por Juan Ángel Rivera. También es señalado por presuntamente haber ofrecido 20 mil pesos a un sicario.
Ahome, Sinaloa, a 25 de agosto de 2026.- Un juez impuso prisión preventiva a José Luis “N”, vecino del Poblado 5, señalado por las amenazas de muerte denunciadas por Juan Ángel Rivera, director del portal informativo El Carrizo y su Valle.
El imputado fue detenido mediante una orden de aprehensión relacionada con la carpeta de investigación 5438/2025 y posteriormente presentado ante la Sede Regional de Justicia Penal Acusatorio y Oral Zona Norte.
La audiencia inicial comenzó alrededor de las 12:00 horas de este martes. Tras la determinación judicial, José Luis “N” quedó recluido en el centro penitenciario de Goros II, mientras el proceso continuará el próximo 11 de septiembre.
Además de las amenazas contra el comunicador, el detenido es señalado por presuntamente haber ofrecido 20 mil pesos a un sicario. Los hechos atribuidos al imputado permanecen sujetos a investigación y deberán ser acreditados durante el proceso penal.
La denuncia que originó el caso
El conflicto se remonta a octubre de 2025, cuando El Carrizo y su Valle difundió una denuncia ciudadana sobre las condiciones en las que presuntamente se encontraba una mujer de 93 años.
La publicación señalaba que la adulta mayor permanecía en una habitación en condiciones de vulnerabilidad, sin alimentos ni medicamentos y con deficiencias en los servicios sanitarios.
Después de divulgar esa información, Rivera documentó una llamada intimidatoria. De acuerdo con su denuncia, una persona que se identificó como José Luis “N” le exigió retirar la publicación y lo amenazó con dispararle en el abdomen.
El periodista acudió el 1 de noviembre de 2025 a la Vicefiscalía Zona Norte para presentar la denuncia penal. Lo acompañaron integrantes de la Organización de Comunicadores Unidos de Sinaloa.
Rivera rechazó otorgarle el perdón
Durante el procedimiento judicial, Juan Ángel Rivera estuvo acompañado por su abogado, Abdejalil Khezour. La investigación fue atendida por el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos contra la Libre Expresión y Derechos Humanos, encabezada por el Lic. Osmar Alejandro García Aguilar.
Antes de la audiencia, el comunicador había considerado otorgar el perdón y buscar una salida alternativa. Sin embargo, decidió continuar con el proceso al considerar que la disculpa ofrecida por el acusado no mostraba un arrepentimiento suficiente ni le proporcionaba garantías de seguridad.
“Lo único que dijo es que se quería disculpar. Lo demás fue que no había venido porque no tenía dinero para los camiones; o sea, nada que ver con lo que es un arrepentimiento, una verdadera disculpa”, relató Rivera.
El periodista manifestó ante el juez que todavía sentía temor y solicitó que el imputado permaneciera privado de la libertad como medida cautelar.
“Tenemos todos los argumentos, todas las pruebas, una carpeta bien basada, bien fundada y bien sustentada por un buen trabajo de un agente del Ministerio Público que defiende los derechos. Esa unidad especializada defiende los derechos de nosotros los periodistas y está a favor de nuestra integridad”, declaró.
Rivera reconoció que la medida cautelar podría modificarse posteriormente, debido a que la amenaza denunciada no se convirtió en una agresión física.
“Posiblemente el juez, por no materializar un hecho, tome la decisión de darle la libertad y llevar el proceso en libertad, pero por lo pronto este mes que va a durar en prisión que le sirva para él y que quede un precedente para otras personas que intenten atentar contra la libertad de expresión”, expresó.
La situación jurídica de José Luis “N” todavía no está resuelta. La siguiente audiencia está programada para el 11 de septiembre, fecha en la que continuará el análisis del caso.
OCUS respalda la actuación institucional ante amenazas al gremio
Julio César Martínez Muñoz, presidente de la Organización de Comunicadores Unidos de Sinaloa, valoró que la denuncia avanzara hasta una instancia judicial y consideró que la actuación de la Vicefiscalía Zona Norte envía una señal relevante al gremio.
A nombre de los periodistas asociados, sostuvo que la respuesta legal ante este tipo de hechos aporta certidumbre a quienes desempeñan labores informativas y fortalece la exigencia de que las intimidaciones sean investigadas y atendidas por las instituciones.
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