El comisionado presidencial afirmó que el plan surgido de cinco mesas de diálogo incorpora responsables, presupuesto y calendario; el Colectivo Aquí No pidió tiempo para consultar la propuesta con las comunidades indígenas.
Culiacán, Sinaloa, 7 de agosto de 2026.- Después de más de una semana de reuniones y cinco mesas de diálogo, el Gobierno de México puso sobre la mesa una propuesta con la que busca encauzar el conflicto en torno al proyecto de GPO en la bahía de Ohuira.
Mauricio Rodríguez Alonso, comisionado por la presidenta Claudia Sheinbaum para la atención del tema, sostuvo que el Plan Integral para la Conservación Ambiental, el Bienestar Comunitario y el Desarrollo Sostenible de la Bahía de Ohuira contiene ya dependencias responsables, presupuesto y un calendario para cada una de sus fases.
“En la presentación del Plan se presentaron claramente las rutas de salida. Si el colectivo acepta nuestro planteamiento, que la empresa ya lo hizo, lo que se haría es una firma pública con el Gobierno de México, con la publicación de este Plan”, señaló.
El siguiente paso, explicó, sería designar a una persona responsable del seguimiento en Sinaloa, instalar una oficina de información y establecer revisiones públicas mensuales para que las comunidades conozcan los avances.
El acuerdo, sin embargo, todavía no está cerrado.
El Colectivo Aquí No solicitó un plazo para presentar y discutir la propuesta en las comunidades, después de que el plan fuera expuesto el pasado 4 de agosto. Rodríguez Alonso reconoció que se trata de un conflicto con más de 12 años de antecedentes y dijo que el Gobierno federal respetará ese proceso de consulta.
“Ellos van a empezar desde hoy diálogos al interior de sus comunidades, estaremos pendientes y apoyando lo que se requiera, y esperamos que para la siguiente semana ya podamos tener un planteamiento concreto de parte de ellos”, expresó.
Señala intentos por frenar el acuerdo
Rodríguez Alonso sostuvo que, pese a los avances alcanzados en las mesas, existen personas que estarían trabajando para impedir que el diálogo desemboque en un acuerdo.
“Lo que observamos a partir de la presentación de este plan es que hay quien está trabajando porque no se llegue a acuerdos”, declaró.
El funcionario no identificó a las personas o grupos a los que atribuyó esas acciones, pero insistió en que el interlocutor institucional del proceso es el Gobierno de la República y reiteró el llamado al Colectivo Aquí No para mantener abierta la negociación.
Según explicó, el alcance del plan no se limita a los participantes directos en la controversia, sino que comprende a las cuatro comunidades ubicadas alrededor de la bahía de Ohuira.
Cambios ambientales y medidas de seguridad
Entre los planteamientos surgidos de las mesas se encuentran modificaciones relacionadas con las operaciones de la planta y la protección de la bahía.
Rodríguez Alonso informó que la propuesta contempla que la extracción y la descarga ya no se realicen en la bahía, además de un programa de restauración integral de manglar, acciones de saneamiento y la creación de un comité de vigilancia ambiental.
Las medidas responden, dijo, a las preocupaciones expresadas por pescadores y prestadores de servicios turísticos sobre posibles afectaciones al ecosistema y a sus actividades económicas.
En materia de seguridad, el plan incluye la creación de un Centro de Atención Inmediata integrado por Bomberos, Cruz Roja y Protección Civil para responder ante eventuales emergencias.
También se prevén recorridos periódicos de supervisión y la instalación de cortinas de aspersión sobre las líneas conductoras del producto generado en la planta hasta su zona de almacenamiento.
Obras y apoyos para las comunidades
El componente social contempla intervención en las comunidades mediante obra pública y servicios, mientras que en el terreno económico se plantean programas de apoyo para pescadores y acciones dirigidas a impulsar el desarrollo productivo de la zona.
Rodríguez Alonso añadió que el plan incorpora el compromiso de respetar los usos y costumbres de las comunidades indígenas.
La definición del proceso queda ahora en espera de la consulta que realizará el Colectivo Aquí No. El Gobierno federal prevé recibir una respuesta durante la próxima semana para determinar si existen condiciones para avanzar hacia la firma pública del acuerdo.
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