Gobierno de México, comunidades y empresa fortalecen el proceso de diálogo en torno a un proyecto estratégico que contempla una inversión superior a los 1,631 millones de dólares y busca fortalecer la producción nacional de fertilizantes.
Por Froilán Imperial Beltrán
La Secretaría de Economía del Gobierno de México encabezó la segunda mesa de diálogo sobre el proyecto de la planta de amoniaco de Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, en un encuentro donde autoridades, comunidades indígenas, cooperativas pesqueras y la empresa promovente continuaron el intercambio de propuestas para impulsar el desarrollo económico de la región y fortalecer la participación social en torno a una de las inversiones industriales más importantes proyectadas para el norte de Sinaloa.
Durante la reunión, la Subsecretaría de Industria y Comercio coordinó los trabajos enfocados en revisar las distintas perspectivas sobre el desarrollo regional, la preservación ambiental de la Bahía de Ohuira y las oportunidades económicas que podrían generarse mediante un proceso de diálogo permanente.
La empresa presentó las acciones de desarrollo económico vinculadas al proyecto y reiteró su disposición para construir, de manera conjunta con las comunidades, nuevos programas orientados al crecimiento regional y al fortalecimiento de las actividades productivas.
Por su parte, representantes del pueblo Mayo-Yoreme y de cooperativas pesqueras expusieron la importancia histórica, cultural y económica que representa la Bahía de Ohuira para sus comunidades, destacando que la pesca constituye una actividad ancestral de la que dependen numerosas familias y expresando sus inquietudes respecto al desarrollo del proyecto.
Ante ambas posiciones, el Gobierno de México planteó avanzar en alternativas que permitan fortalecer la economía regional mediante programas que respeten el sistema normativo y las tradiciones del pueblo Mayo-Yoreme, impulsando acciones para mejorar la pesca, la comercialización y certificación de productos pesqueros y agrícolas, además de promover nuevos proyectos productivos para la zona.
Como parte de los acuerdos, se propuso la creación de un Programa de Desarrollo Comunitario, coordinado por el Gobierno de México y el Gobierno del Estado, con el propósito de que los beneficios sociales lleguen directamente a las comunidades mediante políticas públicas e inversión institucional.
Asimismo, se acordó incorporar la participación de las comunidades originarias en el análisis del Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar, estrategia federal orientada a promover inversiones productivas e infraestructura con impacto regional.
Las autoridades informaron que las mesas de diálogo continuarán desarrollándose conforme a la metodología acordada por los participantes, privilegiando el análisis técnico, la transparencia y la construcción de consensos para el desarrollo del proyecto.
La planta de amoniaco de Topolobampo contempla una inversión de 1,631 millones de dólares en su primera etapa y forma parte de un complejo petroquímico cuyo desarrollo integral superaría los 5,600 millones de dólares, consolidándose como uno de los proyectos industriales de mayor alcance para Sinaloa y el país.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, durante su construcción el proyecto generará alrededor de 3 mil empleos directos, 7 mil indirectos y 300 empleos permanentes y especializados una vez que la planta entre en operación, además de priorizar la contratación de mano de obra de Topolobampo y Los Mochis.
La dependencia federal también ha señalado que México importa actualmente cerca del 80 por ciento del amoniaco que consume, por lo que la producción nacional prevista en Topolobampo contribuiría a reducir esa dependencia en más del 70 por ciento, fortaleciendo el suministro de insumos para la fabricación de fertilizantes y favoreciendo la competitividad del sector agrícola, uno de los pilares económicos de Sinaloa y del país. Además, estima que la sustitución de importaciones permitiría que alrededor de 500 millones de dólares anuales permanezcan circulando en la economía nacional.
Finalmente, el Gobierno de México reiteró su compromiso de mantener el diálogo con todos los sectores involucrados, privilegiando el respeto a los derechos de las comunidades originarias, la transparencia y la construcción de acuerdos que permitan tomar decisiones informadas sobre el futuro del proyecto.
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